RIVADAVIA COMO MINISTRO Bernardino Rivadavia

La acción de Rivadavia, ministro de Martín Rodríguez, en esta época (1821), era preparar al país para su organización, fortaleciendo las provincias en su economía, educación, rentas, milicias, etc., condición necesaria para dictar una Constitución cuyo momento, según Rivadavia, aún no era oportuno.

Las provincias estaban sumamente débiles, pues durante su gestión como ministro, usó los recursos de la Aduana Nacional, solo para elevar la calidad de vida de Buenos Aires, utilizando sus recursos, en detrimento de las economías provinciales.

Para pacificar el país, dictó la “Ley del Olvido”, en noviembre de 1821. Establecía en su artículo único, que a partir de la sanción de la Constitución Nacional, existiría un olvido para las opiniones y acciones originadas por las distintas concepciones políticas de los ciudadanos argentinos.

Otras leyes le valieron odios y recelos, como cuando suprimió fueros eclesiásticos y expropió bienes de la iglesia. En 1824, por su iniciativa, se celebró un contrato con la firma inglesa Baring Brothers, por la suma de un millón de libras, que Buenos Aires recibía en préstamo, garantizando el pago de la deuda con la hipoteca de las tierras públicas. El empréstito fue gestionado por un consorcio, y se aceptó recibir un 70 % de esa suma, obligándose a devolver el total y los intereses anuales como si efectivamente se hubiera recibido la suma de 1.000.000 de libras. Sin embargo, aún recibió menos, puesto que la Casa Baring se cobró dos años de intereses y uno de amortización, por adelantado. El destino del dinero fue la construcción de obras públicas que nunca se realizaron, y sólo sirvió para endeudar al estado argentino, que terminó de pagar esta deuda recién en el año 1904.

Buenos Aires, luego de la firma del tratado del Cudrilátero (enero de 1822) había recobrado su liderazgo sobre el resto de las provincias, y asumido el manejo de las relaciones exteriores, y preparaba la reunión de un Congreso, con el claro predominio porteño.

Por ley del 27 de febrero de 1824, se invitó a las provincias a enviar sus diputados a un Congreso Nacional.

EL CONGRESO DE 1824

Al finalizar el mandato de Martín Rodríguez, asumió Juan Gregorio de las Heras, como gobernador de Buenos Aires, que complementó los preparativos para la reunión del Congreso. Rivadavia partió rumbo a Londres para concluir negocios.

La primera labor del Congreso fue establecer un Poder Ejecutivo Nacional, y para ello, casi inmediatamente dictó la Ley Fundamental, el 23 de enero de 1825, por la cual el Congreso adoptaba el carácter de constituyente, y hasta la sanción de esa constitución, cada provincia se gobernaría por sus propias instituciones. Provisoriamente el Poder Ejecutivo Nacional, quedaba a cargo del gobierno de Buenos Aires.

En abril de 1825, se había producido la invasión de Lavalleja al territorio oriental. Con el triunfo del jefe uruguayo, y la incorporación de ese territorio a las Provincias Unidas del Río de la Plata, la guerra con Brasil no tardó en estallar (10 de diciembre de 1825). Con un país en guerra, Las Heras, consideró que era momento de establecer un Poder Ejecutivo permanente, y presentó su renuncia.

El 3 de febrero de 1826, dos proyectos fueron presentados por la comisión de negocios constitucionales: uno sobre la subdivisión de los Ministerios Nacionales, que originaron cinco más, para el despacho de los asuntos del estado, y el otro, sobre la instalación de un Poder ejecutivo Permanente. La fundamentación de este último proyecto estuvo a cargo del diputado Gómez, en nombre de la comisión, aludiendo a la poca fuerza que presentaba el actual gobierno provisional del gobernador de Buenos Aires, Juan Gregorio Las Heras, y a la necesidad de crear un Poder Ejecutivo Permanente que tuviera la posibilidad de enfrentar con firmeza las duras tensiones que se presentaban a nivel internacional.

Se opuso a este proyecto del ejecutivo permanente, Manuel Moreno, que adujo que no era el momento propicio, que el tema no era urgente, y que no podía tomarse tal decisión sin consultar a las provincias. Además de ser un tema propio de la Constitución del estado, que aún no se había sancionado.

LA LEY DE PRESIDENCIA

Finalmente, el proyecto fue aprobado por 30 votos contra cinco. Esta Ley de Presidencia, sancionada el 6 de febrero de 1826, contenía siete artículos que expresaban la necesidad de la instalación de un Poder ejecutivo Permanente, a cargo de quien fuera elegido por el congreso (art.1) por la mitad más uno de los diputados presentes (art.2) y sería designado como Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata (art.3), ejerciendo por el tiempo que determine la Constitución (art.4).

El día 7 de febrero se realizó la elección presidencial, estando presentes 38 representantes. Con la suma de 35 votos, fue elegido para el cargo, Bernardino Rivadavia, que acababa de arribar de Europa, quien prestó juramento ante el Congreso, al día siguiente. Algunas provincias, como Córdoba miraron con recelo este nombramiento realizado sin que previamente existiese una Constitución. Bustos lo consideró un nombramiento nulo.

Los ministros designados por Rivadavia fueron: Julián Segundo de Agüero (Gobierno), Carlos María de Alvear (Guerra), Francisco Fernández de la Cruz (Relaciones exteriores) y Salvador María del Carril (Hacienda).

LA OBRA DE RIVADAVIA COMO PRESIDENTE

El 9 de febrero, el flamante Presidente, envió al Congreso el proyecto de Ley de Capital, pues para gobernar el país necesitaba un espacio territorial desde donde hacerlo. Fue aprobado por 25 votos a favor. En contra, se manifestaron 14 votos. Los hermanos Anchorena, Dorrego, Rosas y Terrero, fueron algunos de los que se opusieron a esta ley, que establecía como capital del estado a la ciudad de Buenos Aires, ampliando sus límites territoriales. La capital no estaba sujeta a la subordinación de la provincia. Con el resto de Buenos aires, se creaba una nueva provincia, que se veía altamente perjudicaba pues perdía su ciudad cabecera, su puerto, y por lo tanto sus ingresos económicos más fuertes. Con esta decisión Rivadavia se ganó el rechazo de Buenos Aires, que era la provincia que necesitaba, para poder lograr apoyo a su organización unitaria. Si había sumado algo de respeto con la asunción del desafío de la guerra con Brasil, la ley de capital arruinaba su esfuerzo.

Otra ley fue la de creación del Banco Nacional, cuyo nombre oficial fue Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con un capital de 10.000.000 de pesos. Éste se integraba con 3.000.000 provenientes de un préstamo realizado por la provincia de Buenos Aires, 1.000.000 del Banco de Descuentos, y una suscripción anual para integrar acciones por un monto de $ 200 cada una. La administración del Banco estaría a cargo de un Directorio.

El 18 de mayo de 1826, se dictó la Ley de Enfiteusis por la cual las tierras públicas cuya venta había sido prohibida por estar afectadas a la garantía de la deuda con Inglaterra, se entregaban en enfiteusis por no menos de 20 años, contados a partir del 1 de enero de 1827.

Pero la culminación normativa, fue la Constitución de 1826. En sus 191 artículos agrupados en 10 secciones, organizaba al país bajo el sistema representativo, republicano y unitario. En la última sección se imponía la presentación del texto constitucional a la aprobación de las provincias y de la capital. Las primeras se manifestaron en desacuerdo. Esta oposición fue el golpe final para el Congreso.

Rivadavia fomentó las sociedades por acciones, con capitales británicos, para la explotación de recursos naturales. La concesión de las minas riojanas, le valió un duro enfrentamiento con Facundo Quiroga, que era uno de los principales accionistas de las compañías locales que ya explotaban esas minas.

LA CRISIS DEL GOBIERNO

El gobierno de Rivadavia al igual que el congreso, comenzaba a divisar su final. Las provincias de La Rioja, Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, rechazaron la constitución y desconocieron a Rivadavia como Presidente de las Provincias Unidas. El Tratado de paz celebrado por Manuel García con Brasil, por el cual a pesar de haber ganado la guerra, las Provincias Unidas renunciaban a Montevideo, selló definitivamente su suerte. El 27 de junio presentó su renuncia, que fue aceptada por el congreso por 48 votos contra 2.