Fernando de la Rúa
Fernando de la Rúa (Córdoba, 15 de septiembre de 1937) es un político argentino de la Unión Cívica Radical. Asumió como presidente de Argentina por la Alianza el 10 de diciembre de 1999, sucediendo al segundo gobierno de Carlos Menem. Si bien su mandato se extendía hasta el año 2003, renunció al cargo el 20 de diciembre de 2001, en medio de numerosas protestas sociales durante la crisis de diciembre de 2001 en Argentina. La consecuente acefalía presidencial obligó a la reunión de una Asamblea Legislativa que determinara quién debía continuar ejerciendo el cargo, siendo reemplazado por Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y finalmente Eduardo Duhalde en el curso de unos pocos días.
Previo a la asunción de dicho cargo, fue el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que reemplazaba la figura del Intendente.
Fernando de la Rúa está casado con Inés Pertiné y tiene dos hijos, Antonio y Fernando, este último conocido mediáticamente como "Aíto" para diferenciarlo de su padre.
De la Rúa fue estudiante en el Liceo Militar, y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba a los 21 años. En su graduación se lo condecoró con una medalla de oro. Comenzó su carrera política en la Unión Cívica Radical siendo bastante joven. Aunque había sido miembro del equipo de asesores del ministro del Interior Matias Jose Barbieri durante el gobierno radical de Arturo Illia, su primera aparición política ocurrió en marzo de 1973 cuando se presentó por su partido como candidato a senador por la Capital Federal, siendo el único radical que pudo vencer al justicialismo en ese año. Esta situación llevó a que Ricardo Balbín, tras la renuncia del presidente Cámpora y la convocatoria a nuevos comicios, lo eligiese como candidato a vicepresidente en las elecciones presidenciales de septiembre de 1973. En dichos comicios, el binomio radical Balbín-De la Rúa logró el 24,3% por ciento de la adhesión popular. Dicho porcentaje quedó muy por debajo del 61,9% que logró la fórmula del FREJULI Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón. De la Rúa fue senador hasta marzo de 1976, cuando el Proceso de Reorganización Nacional tomó el poder. En aquel momento abandonó la actividad política, y trabajó como abogado de la empresa Bunge & Born.
En 1983, al retornar la democracia, compitió por la candidatura presidencial de la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín. De la Rúa, heredero del balbinismo centrista, fue derrotado por quien luego sería electo presidente de la Nación. En las elecciones de 1983 que determinaron el acceso del radicalismo al Gobierno, De la Rúa fue candidato a senador nacional por la Capital Federal, venciendo al postulante del justicialismo, Carlos Ruckauf. De la Rúa fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, votó en contra de la ley de divorcio y algunos radicales creen que fue quien redactó la ley de Punto Final y la de obediencia debida.
En 1989 se presentó como candidato para revalidar su banca y triunfó en las urnas con el 33,11%. Sin embargo, el cargo le correspondió al justicialista Eduardo Vaca. Esto se debió a que a pesar de haber tenido muchos menos votos, Vaca fue electo en el colegio electoral gracias a la alianza ente el Partido Justicialista y la Ucedé, triunfando con el voto clave de María Julia Alsogaray. Pese a ello, en 1991 fue candidato a Diputado y el triunfo logrado en el bastión capitalino - donde además De la Rúa presidía el Comité Capital Radical - lo llevó a la presidencia del bloque de diputados de la UCR. En 1993 De la Rúa volvió al Senado ganando nuevamente en la Capital Federal con más del 50 por ciento de los votos contra Avelino Porto.
El presidente Carlos Menem impulsó una reforma constitucional, a la cual el radicalismo se opuso en el Congreso. Luego de la victoria justicialista en las elecciones legislativas de 1993 el gobierno menemista propuso realizar un plebiscito sobre el tema, aunque el mismo no podía ser vinculante. Antes de su concreción el ex presidente Raúl Alfonsín se reunió en secreto con Menem y accedió a apoyar la reforma si la misma se realizaba bajo condiciones negociadas. Dicho acuerdo se conoció con el nombre de Pacto de Olivos y permitió la reforma de la Constitución Argentina de 1994. El radicalismo se dividió internamente entonces entre los que apoyaban la acción de Alfonsín y los que se oponían al pacto y a la reforma. Fernando de la Rúa fue el principal dirigente de esta última corriente partidaria.
Mediante la reforma de la Constitución Argentina de 1994 la ciudad de Buenos Aires dejó de ser un municipio y consiguió autonomía. Esto modificó la naturaleza del poder ejecutivo de la ciudad, que hasta entonces era ejercido por un intendente elegido por el Presidente con acuerdo del Senado, y que a partir de 1996 es ejercido por un Jefe de Gobierno elegido en comicios. De la Rúa se presentó a las elecciones para dicho cargo en junio de 1996. En esos comicios, De la Rúa como candidato de la UCR alcanzó el cargo con el 40 por ciento de los votos, contra el 26% del frepasista Norberto Luis La Porta y el 17% del peronista Jorge Domínguez, hasta entonces intendente de la Capital.
Durante la gestión municipal se crearon órganos como la sindicatura del gobierno de la ciudad, la defensora del consumidor, dirección general de higiene y seguridad alimentaría y el ente regulador de servicios. También la descentralización administrativa a través de los CGP (Centro de Gestión y Participación) para que los vecinos tuvieran un mas ágil acceso con los tramites. Dichos organismos ocuparon la función de las comunas contempladas en la constitución porteña. Por otro lado durante su gobierno se comenzó con el enrejado de plazas y monumentos de Buenos Aires, por primera vez en décadas. La mayor parte de los cambios efectuados en la ciudad durante el mandato delarruista se relacionan con la mencionada autonomía otorgada por la Constitución Nacional, así como también por la consecuente sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Al año siguiente de su asunción como intendente, en agosto de 1997, se formó la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, con varios partidos políticos de centro e izquierda moderada, siendo los principales la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario (Frepaso). El principal objetivo de la Alianza era conformar listas comunes en la mayor cantidad posible de distritos de cara a las legislativas de ese mismo año, y además, disputarle el poder al Justicialismo en las presidenciales de 1999. Buena parte de esas aspiraciones se cumplieron cuando, con listas conjuntas en 14 distritos (incluyendo la Capital y la Provincia de Buenos Aires) en octubre de 1997 la UCR y el Frepaso triunfaron con el 45 por ciento de los votos en todo el país, causando la primera derrota electoral nacional del Partido Justicialista desde 1985.
Como resultado de los acuerdos entre los dos partidos mayoritarios de la coalición hasta entonces opositora, la candidatura presidencial para las elecciones de 1999 se definiría en internas abiertas entre un candidato de la UCR y un postulante del Frepaso. Tras lograr el respaldo de la mayoría del Partido Radical - en especial el aval clave del ex presidente Raúl Alfonsín - De la Rúa se convirtió en 1997 en presidente del Comité Nacional de la UCR y luego, meses después, en precandidato presidencial por su partido. El Frepaso le opuso a Graciela Fernández Meijide, que contaba con el antecedente de la elección anterior de haber derrotado al justicialismo en la provincia de Buenos Aires (hasta entonces un distrito fuertemente duhaldista).
Fernando de la Rúa logró la victoria en la interna abierta en noviembre de 1998, alcanzando el 62 por ciento de los votos contra el 38% del Frepaso en todo el país. Consagrado Fernando de la Rúa como candidato presidencial, el líder del Frepaso, Carlos Álvarez, decidió acompañarlo como candidato a vicepresidente para reforzar la unidad de la coalición.
Presidencia de Fernando de la Rúa
Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, fue electo presidente en las elecciones de 1999, y el justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. La Alianza y su fórmula De la Rúa-Álvarez obtuvo el 48,5% de los sufragios, contra el 38,09% del binomio peronista Eduardo Duhalde-Ramón Ortega. En tercer lugar, con el 10,09% de los votos, aparecía el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
Uno de los éxitos de la campaña electoral fue el primer spot televisivo de De la Rúa, en el cual pronunciaría la frase "Dicen que soy aburrido..." con la cual se lo relacionaría más adelante. Dicho spot buscaba contrastar al candidato presidencial con la frivolidad que el público percibía en el gobierno menemista. La campaña electoral estuvo a cargo de Ramiro Agulla, David Ratto (publicista de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983) y Antonio de la Rúa, este último hijo del propio Fernando de la Rúa. El hijo del presidente lideraría al "Grupo Sushi", un entorno con influencia en las decisiones de Fernando de la Rúa.
La victoria de De la Rúa se debió al fuerte rechazo público hacia la figura de Carlos Menem, así como también al deterioro de la situación económica del país, que en 1999 terminaba con una caída del PBI de alrededor de 3,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. El desempleo se acercaba al 14 por ciento, luego de haber alcanzado la cifra récord de 18,6% algunos años antes, y la pobreza había sido triplicada en proporción a la existente antes de llegar Menem al poder. El país tenía serios problemas en materia educativa y sanitaria, y la dirigencia política tenía una mala imagen pública. Además, el gobierno peronista dejaba un elevado déficit fiscal, con un rojo de más de 10 mil millones de pesos, una deuda externa del orden de los 150 mil millones anuales con vencimientos de casi 25 mil millones en el año próximo. Debido a esto, De la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas. El aumento impositivo decretado sobre las clases medias y altas hacia enero de 2000, fue parte de un paquete que procuró en general mejorar la economía, así como atender deudas pendientes como el Fondo para el Incentivo Docente, pero esto resultó sin embargo insuficiente para resolver el deterioro de las finanzas públicas.
Al asumir también se debió intervenir la Provincia de Corrientes que desde hacía meses estaba en un grave conflicto político y financiero, con paros ininterrumpidos y la destitución del gobernador Hugo Rubén Perie. La tarea le fue encomendada a Ramón Mestre que debió normalizar la situación provincial.
A lo largo del año 2000 el gobierno buscó controlar el gasto público, bajar las tasas internas de interés y mantener la estabilidad monetaria y financiera. El año finalizó con una leve baja del 0.5 % del PBI y con una desocupación del 14.7 % (datos del INDEC de octubre del 2000). También se mantuvieron las reservas internacionales en el orden de los 33 mil millones de dólares, mientras redujo el déficit fiscal en unos 5 mil millones de pesos.
Lanzó iniciativas como el Plan de Infraestructura que mediante acuerdos con los gobiernos provinciales y financiamiento privado buscaba realizar obras de caminos, agua y vivienda en todo el país por 20 mil millones de dólares. La medida fue tomada por decreto ya que, según el ministro del interior Federico Storani, no había seguridad de que el Congreso sancionara la ley con la rapidez necesaria.
El gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa. En diciembre de 2000, el ministro de Economía José Luis Machinea negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares, conocido como Blindaje financiero. La apuesta era ganar confianza y credibilidad en el exterior para así bajar los pagos de intereses y renovar más fácilmente los vencimientos.
Año 2001
Aspectos políticos
Además de la grave crisis económica, el sistema político aparecía jaqueado en su conjunto a partir de la renuncia en octubre de 2000 de Carlos Álvarez, vicepresidente y líder del Frepaso. Dicha renuncia tuvo lugar en medio de un escándalo donde se denunciaron supuestos sobornos en el Senado para aprobar una polémica ley de reforma laboral.
Los objetivos de la Ley de Reforma Laboral eran por un lado debilitar el poder gremial de los sindicatos grandes en favor de los pequeños y por otro bajar los costos laborales. La fuerte resistencia del justicialismo a votar el proyecto produjo modificaciones que atenuaron casi totalmente su efecto sobre la estructura gremial. En estas negociaciones participaron el entonces ministro de trabajo Alberto Flamarique y también el líder sindical Hugo Moyano. Moyano se opuso con firmeza a la reforma, argumentando que la misma tendría como consecuencia una rebaja de los salarios y que estaría impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Flamarique intentó conseguir el apoyo del sindicalismo prometiendo que los gremios nacionales seguirían siendo los destinatarios de la cuota sindical que aportan los afiliados, pero ésto dividió internamente a la CGT.
La renuncia de Carlos Álvarez produjo un quiebre en la Alianza; aunque los funcionarios del Frepaso siguieron en sus cargos, muchos de ellos hasta el final de la gestión. Dicho quiebre se profundizaba en el Parlamento: allí, la escasa mayoría que tenía el oficialismo en la Cámara de Diputados se iba reduciendo mes a mes a medida que legisladores de partidos de centro-izquierda iban abandonando la coalición por diferencias políticas con el estilo de gobierno llevado adelante por De la Rúa.
El ex-presidente Carlos Menem fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario el 8 de junio como supuesto jefe de una asociación ilícita que habría realizado una venta ilegal de 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia y por falsificar el contenido de tres decretos presidenciales. Esto en lugar se significar un éxito para el gobierno fue un mayor problema. El justicialismo ocupó el Congreso Nacional para rechazar la detención del ex-presidente, quién luego fuera liberado por decisión de la Corte Suprema por seis votos contra dos el 21 de noviembre del mismo año. La Corte resolvió entonces que no existió asociación ilícita ni falsedad ideológica en los decretos.
La situación política en general era desfavorable. En el Senado la mayoría era del Partido Justicialista. En la Cámara de Diputados se tenía la mayoría pero ésta era mínima. El sindicalismo realizó 7 paros generales durante el gobierno delaruista, y la mayoría de las provincias argentinas tenían gobernadores propios del PJ. Tampoco disponía de un apoyo partidario claro, y varios sectores del radicalismo y el Frepaso comenzaron a distanciarse por la renuncia de Carlos Álvarez, el nombramiento de Domingo Cavallo y la política económica sostenida. El titular de la UCR, Raúl Alfonsín, intentaba evitar la ruptura partidaria.
A mediados de año, el Gobierno logró la aprobación parlamentaria de la ley de intangibilidad de los depósitos bancarios. En octubre la desocupación había trepado al 18,3%. A fin de año las reservas internacionales del BCRA bajarían a cerca de 20 mil millones de dólares.
En medio de estos problemas, también hubo aspectos positivos, como fue lograr que en el ciclo lectivo del año 2000 se cumplieran 180 días de clases, recórd en más de una década, gracias al interés que se puso en aumentar las semanas del periodo escolar como en evitar conflictos docentes con el pago del incentivo docente.
En este marco de amplia problemática política y económica, se produjeron las elecciones legislativas de 2001, donde el Justicialismo se impuso con el 40 por ciento en todo el país, contra el 24% de una diezmada Alianza que perdía más de 4.500.000 votos respecto de lo logrado apenas dos años antes. Para el último bienio de gestión, el gobierno radical enfrentaría un Congreso totalmente opositor. El voto en blanco o nulo alcanzó cifras récord en la historia de la democracia argentina: la combinación de voto en blenco, voto nulo y ausentismo se elevó al 41%, equivalentes a 10,2 millones de argentinos.
La situación social motivó la generalización de grupos piqueteros a lo largo del país, una forma de manifestación que recurre al bloqueo total o parcial de rutas o calles como forma de protesta. Mientras el justicialismo ocupaba la presidencia del Senado a través de Ramón Puerta, figurando así en la línea de sucesión presidencial.
En enero 2001 las reservas internacionales del BCRA habían alcanzado el récord histórico de 37.380 millones de dólares, el cual sería superado en el año 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En marzo de 2001, ya con desvíos en las metas presupuestarias del primer trimestre del año se produjo el alejamiento de José Luis Machinea del Ministerio de Economía y se nombró para el mismo al hasta entonces ministro de defensa Ricardo López Murphy, un economista respetado pero del ala más liberal del radicalismo que asumió con los objetivos de achicar el gasto del estado y aumentar la recaudación fiscal. Sus proyectos para sanear la economía realizando un enorme ajuste del gasto público, retirando fondos de áreas como salud o educación, chocó con una muy fuerte oposición popular, particularmente dentro del mismo Partido Radical y en sus brazos juveniles y universitarios. También puso en situación de ruptura a la coalición gobernante ya que los miembros del Frepaso dentro del Gabinete anunciaron su renuncia luego de que fue presentado el programa económico. Debido a esto, López Murphy se vio obligado a retirarse luego de apenas 16 días en el ministerio de Economía.
El gobierno de la Alianza recurrió a nombrar como ministro de economía a Domingo Cavallo, que ya había ocupado el cargo durante varios años del gobierno de Carlos Menem. Cavallo llegó al cargo con el respaldo de la gran mayoría de la oposición del PJ, con un fuerte impulso de parte del líder del Frepaso, Carlos "Chacho" Álvarez y también desde los medios financieros. Sin embargo, generó muchos recelos dentro del radicalismo, partido que aún cuestionaba al economista su actitud hacia el gobierno de Alfonsín en los momentos más problemáticos de la etapa hiperinflacionaria en 1989.
Cavallo inició su gestión prometiendo un crecimiento anual del 5% e intentando rebajar impuestos distorsivos y reanimar la industria, en lo que se presentó como "Planes de Competitividad". Se aprobó el impuesto a las operaciones bancarias y se efectuaron delegaciones de algunas de las atribuciones del poder legislativo en el poder ejecutivo. Sin embargo, los mercados reaccionaron tan mal como los organismos internacionales de crédito. En julio de ese año, debido a la presión fiscal y la imposibilidad de normalizar la economía, Cavallo viró hacia una fuerte ortodoxia económica. Para ello presentó un plan de "Déficit cero", con un nuevo recorte general de gastos en la administración pública para evitar gastar más de lo que ingresaba en el Estado. La resistencia para obtener del Congreso la ley en cuestión fue muy grande, incluso dentro del radicalismo en los sectores adherentes al alfonsinismo, pero De la Rúa la obtuvo pidiendo un esfuerzo tanto a los legisladores opositores como a los propios y a la población en general. Se argumentaba que "si no hay arreglo, llega el caos". Esto tampoco ayudó, y el continuo ajuste contraía aún más la economía en el marco de un contexto internacional de recesión regional y global, que tampoco ayudaba a la Argentina a crecer.
En noviembre, el gobierno de De la Rúa inició una reestructuración de los compromisos de la deuda externa, denominada "Megacanje". Hacia fines de ese mes, el agravamiento inusitado de la situación económica, con inversiones que se alejaban debido a la complicada situación política, provocó desconfianza pública en el sistema financiero, por lo que se produjeron fuertes retiros de depósitos bancarios. Para frenarlos, el ministro de Economía impuso restricciones que implicaban el congelamiento de los fondos depositados en los bancos, medida conocida como el "corralito". La medida fue promulgada el 1 de diciembre y originalmente permitía sólo un retiro de 250 pesos en efectivo semanales, la prohibición de enviar dinero al exterior del país y la obligación de realizar la mayor parte de las operaciones comerciales mediante cheques, tarjetas de crédito o de débito, y tenía prevista una duración por 90 días.
El corralito fue altamente impopular y perjudicó todavía más a numerosos sectores de la economía Argentina. El FMI, en tanto, endureció su posición y se negó a enviar 1.260 millones con los que se había comprometido a colaborar en el marco del préstamo conocido como "Blindaje", argumentando que la Argentina no habría cumplido sus compromisos de mantener el "déficit cero".
Hacia el 19 de diciembre, la situación social se volvió incontrolable, con saqueos y desmanes en los puntos más importantes del país. El Presidente llamó a la población a la calma. La rebelión popular, en lugar de terminar, sumó el apoyo de la clase media, histórico bastión electoral del radicalismo. La misma se implicó por el congelamiento de los depósitos bancarios. A la medianoche renunció el ministro de economía Domingo Cavallo y el resto del gabinete puso sus renuncias a disposición del Presidente.
El 20 de diciembre la Ciudad de Buenos Aires estaba desbordada por una ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de diversos tipos. De la Rúa respondió decretando el Estado de Sitio en todo el país. Sin embargo el vandalismo no disminuyó, e incluso aumentó a pesar del estado de sitio. Finalmente se produjeron 27 muertos y más de dos mil heridos. A esto se le sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del gobierno. En el centro porteño la policía federal era desbordada, aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo.
Los gremios convocaron a huelgas como protesta por el estado de sitio. Inicialmente la CTA inició una huelga de 24 horas el 20 de diciembre. Al día siguiente (a pesar de haber tenido lugar la renuncia de De la Rúa) se sumarían la CGT de Rodolfo Daer en una huelga de 36 horas y la de Hugo Moyano por tiempo indeterminado. El Presidente perdió definitivamente el respaldo de la mayoría de su propio partido, la Unión Cívica Radical, y aferrado al escaso sector radical que aún le respondía intentó convocar al justicialismo a un acuerdo de gobernabilidad, sumándose al gobierno. El obvio rechazo del PJ decidió a De la Rúa a presentar su renuncia al Parlamento a las 19.45 horas del 20 de diciembre de 2001, cuando no había completado sino apenas la mitad de su mandato constitucional.
Lo sucedió inmediatamente el misionero Ramón Puerta, por ser presidente provisional del Senado, y pocos días después la mayoría justicialista del Congreso elegía presidente interino, por escasos meses, al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. Éste contó con respaldo incial por unaminidad del PJ ya que debería permanecer en el cargo por dos meses y convocar a elecciones generales el 3 de marzo siguiente. También contó con el apoyo de cavallistas y bussistas. Sin embargo, los partidos opositores criticaban el llamado a elecciones en medio de la crisis o la implementación de la ley de lemas prevista para la misma. Recibió el respaldo de los jefes sindicales pero no el de la UIA (Unión Industrial Argentina). Además, en la semana de Navidad de 2001 se hizo fuerte el rumor de que Rodríguez Saá pretendía permanecer en el gobierno hasta completar el mandato de Fernando de la Rúa (diciembre de 2003), lo cual le quitó definitivamente el respaldo de varios gobernadores peronistas que tenían aspiraciones presidenciales, entre ellos el cordobés José Manuel de la Sota, el bonaerense Carlos Ruckauf y el santacruceño Néstor Kirchner.
Rodríguez Saá declaró el default financiero, por lo que Argentina se declaraba insolvente para pagar las deudas contraídas. Esta acción fue muy popular entre los argentinos y causó una ovación en el Congreso durante su discurso de asunción. Sin embargo, el gobierno perdió rápidemente el apoyo popular al incluir en su gabinete a figuras con imagen muy negativa, como Obeid, Vernet, Grosso, Reviglio y Britos.
Restado el respaldo por la feroz interna partidaria y por el enojo popular a sólo una semana de asumir el cargo, se presumía como inminente la renuncia de Rodríguez Saá. Puerta renunció a su cargo antes de que Saá hubiera hecho pública su renuncia. La renuncia de Rodríguez Saá llegó unas horas después del anuncio de Puerta, por lo que no ocupó la presidencia otra vez. La sucesión recayó entonces en el presidente de la Cámara de Diputados, el duhaldista bonaerense Eduardo Camaño. Éste llevó a cabo la transición de un par de días mientras el Congreso elegía a un nuevo presidente. Este resultó ser Eduardo Duhalde, que había sido electo senador 2 meses antes, y que había quedado segundo en la elección presidencial de 1999, detrás del propio De la Rúa.
Actividad posterior a la presidencia
De la Rúa se retiró totalmente de la vida política y evitó apariciones públicas o formular declaraciones, incluso respecto de las causas judiciales llevadas adelante en su contra. Una de dichas causas se refiere a los eventos que tuvieron lugar al final de su mandato, durante los cuales murieron alrededor de 30 personas en distintos lugares del país. Enrique Mathov, el ex secretario de seguridad, acusó a De la Rúa de haber ordenado la represión. La causa fue llevada adelante por el juez Claudio Bonadío, y en la misma también estuvieron procesados el entonces subjefe de la Policía Federal, Osvaldo Cannizzaro, y otros comisarios que actuaron durante aquella tarde: Daniel Manzini, Próspero Treseguet, René Derecho y Alfredo Salomón. De la Rúa asegura que el 20 de diciembre ignoraba la gravedad de la situación:
Recién tuve la información sobre la última hora de la tarde, cuando ya estaba en Olivos sobre que había fallecidos. Yo renuncié antes de saberlo.
El juez, en cambio, desestimó la defensa de De la Rúa, y declaró lo siguiente:
Es imposible creer que ninguno de los funcionarios, asesores, correligionarios, amigos o familiares accediera a su presencia de manera personal o por cualquier otro medio
Podría haber encendido un televisor o una radio o más no sea asomarse a una ventana y ver el panorama que acontecía en el jardín de su propia casa
Dicho procesamiento fue revocado el 29 de abril de 2008, cuando la Cámara Federal dictó la falta de mérito.
De la Rúa también fue procesado en una causa en que se lo acusa de sobornar legisladores para conseguir la aprobación de la Reforma Laboral del año 2000. La causa es de "cohecho activo agravado", y es llevada adelante por el juez federal Daniel Rafecas. La causa fue promovida por el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien confesó en los medios su intervención en dicha operación. El propio Pontaquarto esta también procesado, al igual que Fernando de Santibañes, que era jefe de la SIDE; José Genoud, entonces presidente provisional del Senado, y Alberto Flamarique, ministro de Trabajo. Los ex senadores acusados de recibir las coimas son Alberto Tell, Remo Costanzo, Emilio Cantarero, Ricardo Branda y Augusto Alasino.
Durante el año 2006 el juez Jorge Ballestero procesó a Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo y varios miembros de su equipo por el megacanje. Fundamentó su decisión en que éstos habrían cometido un crimen, excediendo el margen de discrecionalidad propio de las medidas políticas.
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